En medio de un nuevo hecho que otorga énfasis a la relación entre Chile y el pueblo mapuche, La Araucanía vive semanas sin respuestas, ni para dirigentes indígenas, ni para las víctimas de atentados rurales.

Ante la llegada del nuevo y flamante Ministro del Interior, Víctor Pérez, las manifestaciones no se hicieron esperar y, pese a que cientos aún culpan al gobierno de turno, la verdad es que la historia es porfiada en este punto del país; se repite cada cierto tiempo y no sólo las manos quedan vacías, sino las palabras y, porqué no decirlo, las expectativas también.

Un día de junio de 2018 el actual Presidente, Sebastián Piñera, anunció la creación de un cuerpo de “policía antiterrorista”, una policía contrainsurgente con características militares, que prometían mantener el orden y la paz para el sector que apoyó su elección presidencial, con un alto porcentaje de votación.

Pero después de una historia llena de sangre y de las muertes en las últimas décadas de varios jóvenes mapuches, entre ellos, Luis Marileo, Fabián Tralcal, Francisco Curimil, Fabián Mendoza Collío, Matías Catrileo y Alex Lemún, la promesa de control militar y orden, fue como lanzar un chorro de bencina al fuego.

La represión solapada o las patadas debajo de la mesa, alejadas de la vista de la prensa internacional o de organismos internacionales de derechos, se ha transformado una estrategia de copy-paste en décadas por parte del Ejecutivo y de sus instrumentos de fuerza y orden.

Especulación Financiera

Vicente Painen, sociólogo relacionado con el análisis sobre la relación del pueblo mapuche y el Estado chileno, planteó que existen temas no resueltos en La Araucanía, los cuales son posibles de abordar si existiese voluntad del Ejecutivo.

Referido a la situación de los presos mapuche, agregó que “lo que están planteando es bastante de sentido común. Su petitorio se basa en medidas sanitarias. Uno de los presos es Reinaldo Penchulef, quien aún no tiene juicio. Falleció su madre y no pudo asistir al funeral y el no tiene juicio a pesar de estar detenido varios meses. Entonces me pregunto, porqué el gobierno deja alargar tanto este asunto, creo que hay serios problemas de calidad del interlocutor, porque hay una descomposición política muy grande”.

Agregó que este episodio integra una larga lista de hechos que han convulsionado a la región, los cuales, seguramente, seguirán ocurriendo. “Lo que se denomina conflicto mapuche tiene un punto de hipersensibilidad en el mecanismo de adquisición de tierras, que es el mecanismo de compra. Mientras los predios se compren, se insuflan artificialmente los precios. El sujeto a quien se le va a comprar el predio se hace partícipe. Comienza a generarse una especulación financiera al habilitarse aspectos del corretaje de propiedades y la coparticipación de intereses que, a veces son espurios e ilegítimos, con tal de que los predios sigan elevando sus precios, por lo que el conflicto se hace muy conveniente”.

La Ley Indígena, que establece las compras de tierras a través del 20A y 20B, considera la compra. Esa ley fue redactada con la participación de dirigentes indígenas. Llama la atención que ahora se plantee la expropiación en vez de la compra.

“No es una idea nueva. Las reformas agrarias en Europa ocurrieron en el siglo XVIII; en Latinoamérica las reformas agrarias, más o menos, ocurren a mediados del siglo XX, casi con dos siglos de retraso. Para efectos de Biobío al sur muchas hectáreas recuperadas en el último período de la Reforma Agraria, durante la Unidad Popular, fueron reversadas durante dictadura, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico y político, la Ley Indígena fue superada por la Ratificación del Convenio 169, el cual lleva más de una década de vigencia y se ha irrespetado por parte del Estado, es especial por parte del Ejecutivo. El 20B debió haber sido superado hace 9 años”.

Arriendos a 99 años.

¿Se plantea una modificación a la Ley Indígena? Porque además de la compra de tierras, la normativa incluye resguardo patrimonial, desarrollo comercial, entre otras cosas.

“Tiene que aplicarse el Convenio 169, el cual no menoscaba aquellos acuerdos jurídicos superiores que sean contraídos anteriormente, por ejemplo, el arrendamiento a 99 años. Durante estos años se van a vencer los arrendamientos a 99 años y esas tierras tienen que ser restituidas, lo mismo debe ocurrir con las tierras reversadas en la Reforma Agraria del último período, esas tierras deben ser restituidas”.

¿Tienen un catastro de estas tierras?

“Hay estudios genéricos, pero no es de difícil sistematización; además, estamos hablando de procesos recientes. Esto asiste a un grupo de personas que estamos elaborando un proyecto de Reforma Agraria Mapuche y esperamos que eso asista el interés de algunos parlamentarios que lo pongan en carpeta. Esto no es de difícil sistematización, hay registros, hay testimonios vivos e incluso hay hasta constancia en la prensa de la época”.

La radicalización de los movimientos, siempre se relaciona con la violencia.

“Lo más radical es la aplicación del Convenio 169, en general, el movimiento mapuche está pidiendo que se cumpla la ley y, si uno compara con otros procesos referidos a disputas de tierra en Latinoamérica, donde sí hay guerrillas y fuerzas beligerantes en armar, la verdad es que el movimiento mapuche contemporáneo es bastante pacífico, no hay parangón”.

El 169, entiendo, no es vinculante.

“El Convenio 169 si es vinculante, lo que pasa es que puede asistir cierta calificación de genéricos en sus artículos, por lo que necesita normas de aplicación.

“En el caso de la defensa del Menoco por parte de la machi Francisca Linconao, los Tribunales dictaminaron según el 169. Acá el que se hace el leso con el Convenio es el Ejecutivo y no sólo en este gobierno, en los anteriores también”.

¿Trabajarán ustedes en la elaboración de esas herramientas de aplicación?

“Lo más concreto es este grupo que se armó para proponer un proyecto de Reforma Agraria Mapuche., el cual se formó a partir de que culminación los exámenes de la Comisión de la Cámara de Diputados de la revisión del tema Tierras, a partir del caso Ubilla, hace un año y medio”.

“Cuando la Comisión de la Cámara Baja dio cuenta de todas las taras, las inexactitudes en el ámbito de tierras, a propósito de la relación Tierras-Conadi, bueno, planteamos como grupo que lo consecuente con esto es aplicar el 169 y sacar una norma de Reforma Agraria”.

“Tu sabes que la Reforma Agraria en Chile comenzó con Jorge Alessandri, o sea, las primeras tierras restituidas mapuche las hizo un gobierno de derecha, entonces no es nada del otro mundo, en el sentido que no es radical una Reforma Agraria Mapuche”.

Cuando se habla de radicalización del movimiento, el imaginario general se imagina casas y camiones quemándose.

“Hoy nadie puede asegurar quién hace esos incendios. Con tantos militares y policías en terreno y estado de catástrofe y que aún haya incendios, es raro”.

¿Deslizas la idea de autoatentados?

“No puedo acusar a granel, sobre todo por el modus operandi de la justica nacional, pero, por supuesto que es extraño, porque hace muchos años que no había tanta presencia militar y policial en la zona”.

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