La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de protección presentado por la familia de Martín Pradenas Durr y ordenó que la familia de la joven Antonia Barra Parra se abstenga de divulgar datos personales y de hacer publicaciones ofensivas en contra del entorno cercano de Pradenas.

La resolución –adoptada el 12 de junio– fue pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por los Ministros (as) Julio Cesar Grandón, Alejandro Vera Quilodrán y Adriana Cecilia Aravena.

En el dictamen el tribunal de alzada le ordena a Alejandro Barra Castillo, Marcela Ivonne Parra Veloso, Sebastián Alejandro Barra Parra y Carla Andrea Alejandra Barra Parra, “que los recurridos deben abstenerse de divulgar datos y antecedentes de los recurrentes por medio de redes sociales, tanto de sus personas como de sus domicilios y lugares de trabajo”.

EL DICTAMEN

La Corte de Apelaciones también agrega que «igualmente deberán abstenerse de efectuar publicaciones ofensivas o descalificativas ya sea por redes sociales o por cualquier otro medio, que lesionen la honra, intimidad, la privacidad o la intimidad de los recurrentes”.

El dictamen precisa que la “decisión acordada con la prevención del Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán, quien fue del parecer de acoger el recurso sólo en cuanto disponer que los recurridos deberán eliminar de las redes sociales todas las publicaciones que contengan datos personales de los recurrentes, como sus domicilios y lugares de trabajo”.

El recurso de protección fue presentado por el abogado Gaspar Calderón en representación de los padres de Martín Pradenas, hermanos y su hija, una menor de edad.

El escrito dice en uno de sus párrafos que “con motivo de una acusación que ha surgido en contra de Martín Pradenas Durr, nuestro hijo, hermano y padre de la menor, a propósito del suicidio de Antonia Barra Parra, sindicándosele como autor de delitos sexuales asociados a esta muerte, se ha producido una grave, intensa, repetitiva y masiva mediatización en las redes sociales que se ha traducido en un acoso permanente por medio de mensajes, carteles, grafitis y ataques denominados funas que han involucrado recta y concretamente nuestra seguridad y vida personal”.

Gaspar Calderón, abogado penalista.

Respecto a la resolución, Gaspar Calderón, afirmó que “es un fallo muy interesante, fue una audiencia muy interesante también porque de alguna manera la Corte de Apelaciones se da cuenta de lo que hemos visto todos por televisión y por algunos medios donde se ha abusado de la publicidad para hacer este juicio en las calles, en internet, en redes sociales y no en los tribunales donde corresponde”.

El profesional afirmó que “estamos muy tranquilos, creo que era lo que correspondía hacer, creo que en estos momentos esperamos que cese esta mortificación que han sufrido estas personas, principalmente una hija pequeña de mi representado, que no tiene por qué sufrir este tipo de cosas”.

El 21 de julio el Ministerio Público formalizará a Martín Pradenas como presunto autor de cinco delitos sexuales, entre ellos por la denuncia de violación presentada por los padres de Antonia Barra Parra (de 20 años), ocurrido el 18 de septiembre del 2019 en una cabaña en Pucón.

El hecho quedó al descubierto luego que los familiares de la joven estudiante tuvieron acceso a un audio que fue captado por una expareja de Antonia Barra, quien grabó una conversación telefónica donde la joven le relata que había sido atacada sexualmente por Martín Pradenas en la zona lacustre.

ARGUMENTOS DE LOS MINISTROS

En el considerando séptimo del dictamen los ministros precisan queque del análisis de las consideraciones precedentes es dable colegir que la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto, por cuanto no puede amparar la injuria o el insulto. Es así que el artículo 19 N° 12 de nuestra Carta Fundamental señala que se asegura a todas las personas la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, “sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades…”.

Agregan que “de esta forma, el ordenamiento jurídico no protege un pretendido derecho a insultar y la libertad de expresión no puede ser absoluta, o sino que debe debilitarse y morigerarse si tiene el efecto de dañar la reputación de otra persona”.

“Que del razonamiento expuesto –dice el considerando octavo– es posible afirmar que las conductas desplegadas por los recurridos, si bien se encuentran garantizadas en comienzo por la libertad de expresión, la misma reconoce un límite que se sobrepasa cuando las publicaciones y los llamados a manifestación pública contienen mensajes que pueden ser calificados de odiosos o que incitan a la violencia o venganza en la opinión pública, como ha quedado de manifiesto en estos autos, ya que muchas de las manifestaciones han terminado en agresiones verbales e inclusos daños materiales, en especial cuando se citada a concurrir al domicilio o lugares de trabajo de los actores, pues con ello se crea una situación de exposición que no tiene justificación legal”.

Los ministros agregan que “en consecuencia, ante la manifiesta falta de justificación de los supuestos fácticos o conductas atribuidos a los actores, no cabe sino sostener que las publicaciones efectuadas por los recurridos tiene un carácter abusivo y ha resultado lesiva para los derechos a la honra, intimidad y privacidad de los recurrentes y que como consecuencia de dicho actuar -según se deja en evidencia de los comentarios de terceros seguidores a dicha difusión- han sido sometidos al escarnio público, sufriendo descalificaciones, sin la existencia de un juicio previo y del respeto al debido proceso, constituyendo una pena infamante no aplicada por quien no tiene la calidad de ser un órgano jurisdiccional”.

Antonia Barra Parra (de 20 años).

En el considerando noveno los ministros precisan que “por otro lado, en la actividad denunciada se han expuestos datos personales de los recurrentes con lo cual se produce una infracción a la normativa de protección de tales datos, consagrada en la Ley N° 19.628, en cuanto al uso de imágenes personales sin autorización y la publicación de los domicilios de los actores. Sobre el particular, y a fin de resolver la controversia, conviene tener presente que la Ley N° 19.628 sobre protección de datos de carácter personal prescribe en su artículo 2° letra f) que se considerarán datos de carácter personal o datos personales: “los relativos a cualquier información concerniente a personas o naturales, identificadas o identificables”. Asimismo, establece que: “el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello (…)”.

En el considerando undécimo la resolución precisa que “al haber hecho publicaciones los recurridos en diversas redes sociales, las que quedan a disposición de terceros, sin su consentimiento, los recurridos ha realizado una actuación que contraviene la Ley N° 19.628 y, en consecuencia, conculca el derecho constitucional de los recurrentes previsto en el artículo 19 numeral 4º de la Constitución Política de la República, al afectar la protección que se le debe a su vida privada y a su honra”.

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