El Tribunal de Garantía de Temuco condenó a penas de 3 años y un día de presidio a los inspectores fiscales de la Dirección de Vialidad del MOP Raúl Pinto Fuentes y Carla Sierra Beltrán, y a la pena de 3 años de presidio al empresario Ignacio Molina Burgos, como resultado de una investigación liderada por la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía por irregularidades en contratos de conservación de caminos en comunidades indígenas de La Araucanía.

En audiencia de procedimiento abreviado, los funcionarios públicos y el particular acusados admitieron responsabilidad en los hechos y fueron condenados, respectivamente, por los delitos de fraude al fisco y estafa.

El fiscal Cristian Crisosto, explicó que la investigación determinó que los inspectores fiscales entregaron información falsa a la Dirección de Vialidad, lo que llevó al fisco a pagar por obras que nunca se ejecutaron, en el marco de contratos de conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas en las comunas de Curarrehue y Lumaco, que habían sido adjudicados  durante los años 2015 y 2016 a la Empresa Constructora Inmobiliaria IM Limitada.

“Estando en conocimiento que las obras allí ordenadas a ejecutar no se habían ejecutado, informaron falsamente a la autoridad como si esas obras se hubiesen efectuado realmente. Y con esa información la Dirección Regional de Vialidad pagó esas obras, no existiendo en la realidad”, puntualizó el persecutor, quien precisó que “esos delitos los ejecutaron en concierto de voluntades con el empresario de esas obras, don Ignacio Molina”.

Fiscal Cristian Crisosto

En el caso de Curarrehue el Estado pagó por la realización de un puente que no se construyó la suma de $33 millones, mientras que en Lumaco, canceló cerca de $333 millones por caminos que tampoco se hicieron.

Además de la pena de 3 años y un día de presidio los inspectores fiscales fueron condenados a penas de multa proporcionales al perjuicio causado al fisco.  Raúl Pinto deberá cancelar una multa cercana a los 3 millones 500 mil pesos, mientras que la multa impuesta a Carla Sierra es cerca a los 33 millones de pesos.   En el caso del empresario, aparte de la pena privativa de libertad fue condenado al pago de una multa de 10 UTM ($492.290)

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