El Juzgado de Garantía de Temuco decretó hoy el arraigo nacional de 17 funcionarios de Carabineros y una particular, imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de fraude al fisco. Ilícito que habrían perpetrados entre 2013 y 2015.

En la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado Mauricio Torres Contreras acogió la solicitud del Ministerio Público, y dejó sujetas a la medida cautelar a las imputadas Karin Fabiola Gutiérrez Krebs (educadora de párvulos), y a los carabineros: Constanza Pilar Díaz Sierpe, Jasmín Macarena López Baeza, Cynthia Paola Carrasco Muñoz, Eleticia Andrea Morales Martínez, Claudia Andrea Contreras Nahuelán, Karem Lisset Standen Manríquez, Katherinne Cecilia Álvarez Villarroel, Ana María Zurita Ramírez, Evelyn Melissa Roa Hernández, Roxana Ximena Mancilla Fernández, Fernando Esteban Vásquez Zapata, Caren de Lourdes Quiñenao Nicolás, Francisca Ximena Sánchez Díaz, Nicole del Carmen Faúndez Salfate, María Enilda Valdebenito Umanzor, Ximena Luz Sepúlveda Angulo y Rachel Rumanett Vidal Burgos.

El tribunal además fijó en seis meses el plazo de investigación.

En tanto, el juzgado programó para las 10 horas del 14 de noviembre próximo, la audiencia de formalización de los coimputados Carlos Andrés Molina Herrera y Carolina Dayan Cárdenas Mutel, quienes no fueron notificados; y de Pamela Andrea Moya Soto y Rocío Orietta Soza Jara, quienes se encuentran con licencia médica.

De acuerdo al ente persecutor, entre 2013 y 2015, los funcionarios de Carabineros de forma independiente, “acordaron con la propietaria de la sala cuna Jugando Aprendo, la educadora de párvulos Karin Fabiola Gutiérrez Krebs y la directora Rocío Orietta Soza Jara, quien es cónyuge del copropietario del establecimiento, el dentista Carlos Molina Herrera, que matricularían a sus hijos de entre 3 a 24 meses de edad, para que asistieron en jornada regular a la sala cuna, ubicada en calle Aldunate de Temuco, utilizando el convenio suscrito con Bienestar de Carabineros de la IX Zona Araucanía.

Pese a que los menores no asistieron al jardín, sus madres recibían listas de asistencia falsas que presentaban para recibir mensualmente el 50% del subsidio estatal, quedándose el prestador del supuesto servicio con el restante porcentaje. Mediante dicha operación, los imputados defraudaron al fisco, entre años 2013 y 2015, por la suma de $317.091.803.

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