La Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) ingresará este viernes a la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de protección en contra del intendente de La Araucanía, Jorge Atton; el gobernador de Cautín, Mauricio Ojeda y el gobernador de Malleco, Víctor Monali, por estimar que se ha vulnerado el Estado de Derecho en la región.

La acción judicial busca interpelar a las autoridades regionales para que garanticen el orden y la seguridad pública. Acoforag sostiene que en cinco años la ola de atentados ha dejado 50 mil 500 millones de pesos en pérdidas en la zona sur.

En esta entrevista, René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, explica a libertaddigital.cl las motivaciones que tienen para presentar este recurso de protección.

–¿Por qué van a la Corte mañana?

–Lo que pasa es hoy la Constitución establece que cualquier persona puede ir a la Corte de Apelaciones a solicitar que ellos vean si el Estado de Derecho funciona en este país. Si se ha vulnerado algún derecho. Hoy el derecho a la vida, la integridad física y psicológica de los trabajadores y el derecho a la propiedad privada, no se están protegiendo. Es necesario de una vez por toda poner freno a todo esto que nos afecta hace cinco años.

–¿Se sienten postergados, dejados de lado?

–Absolutamente, si hay 65 atentados en La Araucanía y un detenido, obviamente nos sentimos postergados, no hay justicia en esta región. Por eso es que estamos acudiendo a los tribunales para que ellos también se expresen y digan si hay Estado de Derecho en esta región, que es lo que nosotros andamos buscado.

 ­–¿Por qué este recurso es en contra de los gobernadores y además del intendente?

–Ellos son los representantes del Gobierno en la Región y contra ellos debe estar dirigido porque además deben velar por la seguridad pública de cada uno de nosotros.

­–¿Hay Estado de Derecho en La Araucanía?

–No, de acuerdo a lo que nosotros estamos constatando día a día. No puede ser que nuestros operarios tengan que trabajar con policías, que nuestros trabajadores estén esperando todos los días de dónde los atacan, por qué lado los van a secuestrar, que se quemen las máquinas, los equipos forestales, los camiones, que se quemen las iglesias, las casas, eso no se da en ninguna parte. Eso nos lleva a pensar que el Estado de Derecho se está vulnerando, por eso le estamos pidiendo a la Corte se pronuncie.

–Una cosa es que el Estado de Derecho no funcione pero ¿Qué más están pidiendo ustedes para evitar que los ataques sigan ocurriendo?

–Estamos pidiendo que exista una mayor coordinación entre la Intendencia y los afectados, que somos nosotros, que se elaboren informes, que esos informes tengan seguimiento. Lo que pasa es que hoy Fiscalía tiene un desorden, en términos de lo que es la violencia rural, mezcla los incendios con los ataques, y finalmente no sabemos cómo van los procesos. También estamos pidiendo a la Corte, que le diga a la Intendencia que nos genere información, que nos podamos coordinar mejor, quizás ésta es una oportunidad para hacer mejor las cosas.

–¿Ustedes se han reunido con las personas que mencionan en este recurso de protección?

–Sí, nosotros tenemos una relación con el intendente, pero quisiéramos que esa relación fuera más fluida, más productiva también, queremos que la Intendencia se involucre más, que participe más y que finalmente podamos detener esta lacra, este cáncer que nos está atacando hace casi seis años.

–El intendente ha presentado querellas ¿De qué otra forma podría involucrarse más?

–Que esas querellas tengan seguimiento por ejemplo, que ese seguimiento se fuera analizando, comparando, para ver cuál es el avance. Tenemos muchas casos donde las querellas presentadas quedan en cero, no hay avance. Lo que nosotros queremos es que estas investigaciones se lleven adelante, que se le entreguen más medios a la Fiscalía, más medios a Carabineros, esto tiene que terminar, no puede ser que sigamos trabajando de la forma en que lo estamos haciendo.

ESTADO DE EXCEPCIÓN

–¿Ustedes son partidarios del Estado de Excepción?

–No sé si el Estado de Excepción es una solución, eso lo tiene que ver la autoridad. En algún momento nosotros lo solicitamos, pero quizás no es la solución, ahí es donde tenemos que coordinarnos mejor para enfrentar este problema que tenemos.

¿Cuántos han sido las pérdidas y los despidos que ha dejado esta ola de atentados?

–En general nosotros tenemos 50 mil 500 millones de pesos en pérdidas en toda la zona sur forestal, en los últimos casi seis años. Y los despidos son de alrededor de 400 a 500 personas. Hay zonas donde no podemos ingresar a trabajar.

–¿Cómo cuáles?

–Toda la zona aledaña a Temucuicui, en Malleco. Toda la zona que está en Turúa, Puerto Choque, en Arauco. Es muy riesgoso entrar a trabajar a ese sector por la alta probabilidad que atenten contra los trabajadores y la maquinaria. Tenemos 10 trabajadores heridos a bala y con este recurso queremos evitar que hayan víctimas fatales.

–¿Cómo calificaría el papel de los gobernadores y del intendente en esta materia?

–Yo creo que ellos tienen toda la voluntad de avanzar, pero finalmente creemos que desde el nivel central no se entiende el problema. El problema no está en Santiago, el problema está en la regiones. Tú ves el caso del agua en Osorno, llevan una semana sin suministro. Creo que llegó la hora de alzar la voz, las regiones son importantes, generan desarrollo, generan recursos y tienen que tomar en cuenta el problema que está ocurriendo.

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